El Gobierno logró emitir un dictamen de mayoría para privatizar Aerolíneas Argentinas y, con ello, se encuentra en condiciones de llevar esta discusión al recinto de Diputados, donde todavía no tiene garantizada una victoria. Los libertarios consiguieron imponer su propuesta este mediodía durante el plenario de las Comisiones de Transporte y Presupuesto, gracias al aporte de Pro, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Producción y Trabajo, y la UCR, quienes sumaron 35 firmas. También lo hizo Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), quien se diferenció de su compañero de bloque, Maximiliano Ferraro.

Se trata de un avance significativo para el Gobierno, que dirime una batalla contra los gremios del transporte, entre los que se encuentran los pilotos y aeronavegantes de la aerolínea de bandera, quienes este miércoles volverán a realizar un paro general.

Según informó Pamela Verasay, presidenta de la comisión de Transporte y una de las piezas claves para lograr un triunfo para el oficialismo, es posible que la sesión para tratar este despacho se convoque para la segunda semana de noviembre.

Fue clave la contribución los diputados de Encuentro Federal (EF) y los radicales blue del nuevo bloque “Democracia para siempre”, quienes a través de la presentación de un dictamen propio, diferente al del oficialismo, aportaron el quorum necesario para habilitar la firma de cualquier despacho. El reglamento de la Cámara exige que la mitad más uno de los miembros acompañen algunos de los dictámenes en danza para completar el trámite. El oficialismo y sus aliados de Pro, el MID y la UCR “oficial” no llegaban a las 41 firmas por sí mismos. Pero sí lo lograron cuando firmaron su dictamen propio, aparte, ocho diputados de “Encuentro Federal y “Democracia para siempre”, a los que se les sumó Ferraro, de la CC.

“Hay un grupo de diputados que le están permitiendo al oficialismo avanzar en la privatización y le dan las firmas para el dictamen”, les reprochó el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez. Junto a la Izquierda se abroquelaron en el rechazo, cada uno con un dictamen de minoría.

Los tres miembros de Innovación Federal, que responden a los oficialismos de Misiones, Salta y Río Negro, optaron por la prescindencia y se rehusaron a firmar un dictamen.

Al comienzo del debate, al que asistieron 16 invitados entre abogados, pilotos, trabajadores de Aerolíneas Argentinas y fundaciones promercado, Diego Giuliano (Unión por la Patria) trató de frenar el avance de la discusión con el argumento constitucional de que no se puede tratar un proyecto que, este mismo año, rechazó el Congreso. “En la discusión de la Ley Bases lo rechazó el Senado y fue convalidado por la Cámara de Diputados”, recordó.

Lo cruzó Silvana Giudici, de Pro, quien retrucó que el rechazo no fue tal, sino que, a través de un acuerdo previo, la empresa aérea fue quitada por consenso del listado de compañías que podrán ser vendidas a privados.

El despacho de mayoría se obtuvo a través de la combinación de los proyectos de Hernán Lombardi (Pro) y Juan Manuel López (CC). Ambos textos pretendían declarar como “sujeta a privatización” la aerolínea de bandera, pero el de López exige un proceso de venta más riguroso que involucre un régimen de “buen gobierno corporativo” a través de instrumentos de evaluación, auditoría y control, que “garantice una gestión con principios de eficiencia, generación de valor, transparencia e integridad”. Es lo que se estipuló en el segundo artículo del texto común.

“Queremos más frecuencias, más conectividad, tarifas más baratas y más vuelos. Frente a este argumento tan sencillo se inscribe un montón de prejuicios ideológicos”, consideró Lombardi, quien habló de la soberanía y el federalismo.

En la misma línea se pronunció López. “Se habló bastante de ideología, de un lado, del otro. Por supuesto que la ideología juega, pero ¿qué dirían los que hablan de ideología si uno recordara que José Pepe Mujica liquidó la empresa Pluna, la empresa de bandera del Uruguay? ¿O que Lula da Silva liquidó Varig? ¿Qué les pasaría? Una disonancia cognitiva lo llevaría a ignorar esto que se está diciendo”, chicaneó.

El despacho de EF, la CC y Democracia plantea cuatro propuestas de privatización: un programa de Participación Pública Privada (PPP); un modelo donde el Estado conserve el 51% de las acciones y la porción privada retenga el gerenciamiento (modelo YPF); una administración con opción de compra; y la venta o colocación de acciones.

Uno de los puntos más destacables de este dictamen define que se necesitará una nueva ley si el Poder Ejecutivo pretende vender o liquidar la empresa, cerrar la operación de la compañía o deshacerse del capital estatal –el 51%–.

Frente a esta otra propuesta, Martínez ironizó: “Están los que quieren rifarla completa y los que quieren rifarla un poquito, pero los lobistas son los mismos: los que jugaban con [Mauricio] Macri y [Guillermo] Dietrich, o con [Isela] Costantini”. “Quieren la disolución nacional y la desintegración territorial”, remató.

El Gobierno no cuenta con los 129 votos para obtener la media sanción en el recinto. Según un relevamiento de LA NACION, con el que coinciden los bloques que impulsan estos proyectos, el oficialismo suma hasta ahora 121 voluntades.

Es que tal como estipula la ley de Reforma del Estado –23.696–, el Poder Ejecutivo puede emitir esta declaración a través de un decreto, tal como lo hizo Javier Milei a través del 873/24, pero debe ser obligatoriamente ratificado por el Congreso.

Para acercarse al número mágico, los libertarios deberán afianzar un consenso con los 16 de Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, quienes están de acuerdo con la privatización, pero se niegan a firmar “un cheque en blanco”. Junto a los 12 miembros radicales de Democracia, serán decisivos para destrabar la media sanción.

Tras la escisión del espacio presidido por Rodrigo de Loredo, que ahora participa de las reuniones en la Casa Rosada, el nuevo bloque radical se afianzó en una oposición sin fisuras y será difícil que acompañen las medidas del Poder Ejecutivo y aliados.

El kirchnerismo y la izquierda, en tanto, rechazarán la venta de la aerolínea de bandera. Si no logran frenar la avanzada en Diputados, confían en su poder de fuego en la Cámara alta, donde retienen 33 de los 72 integrantes. Se les podrían sumar los legisladores patagónicos de otros bloques, tal como ocurrió en la discusión de la Ley Bases, cuando se eliminó a Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) del listado de empresas a liquidar.

A lo largo del primer tramo del plenario, que comenzó pasadas las 11, los diputados escucharon a invitados que opinaron sobre las iniciativas en debate. Lo hicieron tanto pilotos, comandantes, trabajadores de tráfico aéreo, quienes defendieron la permanencia de la compañía en manos estatales, así como economistas y abogados que argumentaron a favor de la privatización.

Uno de los expositores más destacados fue Luis Ceriani, expresidente de Aerolíneas Argentinas durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Hizo una diferenciación entre las aerolíneas de banderas y las low-cost, a las que definió con “otro tipo de operación”. “Mantiene bajos los niveles de costos: utiliza aviones abarrotados de pasajeros, como mínimo de 180 asientos, con modelos específicos, y una utilización de aviones alto, con seis vuelos diarios mínimo, por eso no pueden hacer vuelos de larga distancia”, explicó. Y detalló el perjuicio para la conectividad del país que tendrá la privatización de la empresa aérea: “La rentabilidad y el modelo de negocio de las low-cost exige que destinos queden afuera porque no son rentables”.

La sindicalista del gremio de aeronavegación y exembajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, defendió la aerolínea de bandera y sentenció: “Privatizar y reducir los costos significa reducir los entrenamientos de tripulantes de cabinas, tripulantes técnicos y fallas técnicas de aviones viejos y mal mantenidos”.

De la vereda opuesta, en representación de la Fundación Libertad y Progreso, se pronunció Agustín Monteverde. “Esto no tiene que ser un debate ideológico, es un debate de intereses, pero lo que se debe atender acá son los intereses de la gente que compulsivamente debe pagar impuestos para sostener algo ineficiente”, dictaminó.