A más de 22 años del asesinato de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, durante los hechos conocidos como Masacre de Avellaneda, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora le concedió la libertad condicional al ex cabo Alejandro Gabriel Acosta Castaño, uno de los autores materiales condenados. Familiares y organizaciones diversas convocaron a una conferencia de prensa para expresar su repudio.

Durante una de las movilizaciones llevadas a cabo el 26 de junio de 2002 ambos jóvenes fueron asesinados, decenas de personas recibieron balazos de plomo y resultaron heridas de distintas formas y se calcula que casi dos centenas fueron detenidas. Marcó el cierre de la crisis institucional inaugurada desde la década del noventa y agravada durante diciembre de 2001. Las condenas recién llegaron en 2006. El ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Acosta fueron condenados a perpetua, aunque la sentencia recién quedó firme en 2016. Por otra parte, los agentes Lorenzo Colman, Mario De la Fuente, Carlos Quevedo, Gastón Sierra y Félix Vega recibieron diversas penas por distintos grados de encubrimiento. 

Kosteki había quedado herido de muerte y Darío, al volver para reclamar por la vida de ese pibe que no conocía, fue asesinado por la espalda. Si bien la difusión de imágenes fue elocuente -el papel de los fotógrafos fue determinante-, diversas autoridades insistieron en la versión de que las muertes se debían a una interna piquetera, aunque nunca logró ser instalada. Por ello, más allá de las condenas a los autores materiales, los familiares siguen exigiendo el juzgamiento de los responsables políticos de la represión y la importancia de que los hechos sean considerados un crimen de Estado. 

Desde las familias señalan a distintos funcionarios: Eduardo Duhalde y Felipe Solá, cabezas del Ejecutivo nacional y provincial; Jorge Vanossi, ministro de Justicia que impulsó la denuncia contra los movimientos piqueteros; Alfredo Atanasof y Jorge Matzkin, jefe de Gabinete de ministros y responsable de Interior; Carlos Soria y Oscar Rodríguez, titulares de la Secretaría de Inteligencia; Juan José Álvarez, secretario de Seguridad y responsable del operativo, al que se suma Luis Genoud, a cargo de la misma cartera pero provincial. 

La causa sobre las responsabilidades políticas tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py, a cargo de Ariel Lijo y de la fiscal Paloma Ochoa. Desde 2014 la querella de las familias impulsa el encuadramiento de los asesinatos como un crimen de lesa humanidad, pero hasta el momento nunca tuvo respuesta del magistrado. Si bien pesan algunas imputaciones sobre funcionarios mencionados con anterioridad, no hubo reales avances. Para peor, ambos autores materiales podrían quedar en libertad.

Liberación de Acosta

Desde hace varios años ambos condenados vienen reclamando beneficios procesales. En primer lugar, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de Lomas le denegó un pedido de salidas transitorias a Fanchiotti, pero sí se las concedió a Acosta. De esa manera, empezó a salir 24 horas cada quince días en 2022 y, al año siguiente, el mismo órgano judicial las amplió a 48 horas quincenales. El mes pasado lo volvió a intentar.

Acosta, a través de su abogado, el defensor público Javier Jaime, solicitó una nueva ampliación del total de horas y, además, su libertad condicional. Tanto las querellas de las familias como la fiscal Paula Martínez Castro se opusieron, y el 20 de septiembre el Juzgado de Ejecución N° 3, a cargo de Cecilia Vázquez, denegó su pedido. Al igual que en años anteriores, recurrió el fallo y recayó en la Sala III de la ya mencionada Cámara de Apelaciones y Garantías, integrada por Miguel Alberdi, Tomás Bravo y Martín García Díaz. 

García Díaz, presidente del tribunal, se pronunció en contra, pero Bravo y Alberdi a favor, a pesar de contradecir decisiones suyas anteriores. Se amparan en diversos informes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), según los cuales Acosta asume “una postura crítica y reflexiva” sobre el crimen cometido y sus consecuencias, además de destacar su “conducta ejemplar” y su “voluntad y responsabilidad”, sin atender su contexto. El jueves pasado, desde la sede porteña del Servicio de Paz y Justicia, las familias Kosteki y Santillán expresaron su repudio, junto a diversas organizaciones, y anticiparon presentaciones en el fuero provincial, donde está la causa original, y federal, por las responsabilidades políticas.

En simultáneo, Fanchiotti también quiere acceder al beneficio, aunque planteó como estrategia judicial acercarse a las víctimas para “colaborar”. Paula Alvarado Mamani, abogada querellante, describió que intentó contactarla a través de mensajes de texto, audio e incluso una carta, en la que desliza su versión sobre los hechos y las responsabilidades políticas. Sin embargo, la fiscal Ochoa no considera relevante su testimonio y el juez Lijo admitió la posibilidad de citación pero posterior a un examen médico que nunca ordenó.

En la conferencia del jueves, las familias coincidieron en el peso del clima política actual sobre las decisiones del Poder Judicial en sus distintos niveles. No sólo mencionaron la visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas y a la postura ya conocida del gobierno nacional reivindicatoria de la última dictadura sino la represión general a la protesta social y la complicidad de los grandes grupos empresarios mediáticos. Por último, agradecieron el proyecto de resolución del Frente de Izquierda -con el apoyo de sus legisladores y de Carlos Castagnetto, de Unión por la Patria- para rechazar la liberación de Acosta y manifestar preocupación por una posible salida de Fanchiotti.