Días atrás recuperó la libertad el cabo Acosta, quien disparó a Darío por la espalda y fue coautor del asesinato de Maxi en la Masacre de Avellaneda. Fanchiotti, el comisario, puede seguir sus pasos. En paralelo, Duhalde, el principal responsable político impune, encontró un interlocutor amigable para hablarle a la juventud. ¡Alerta!. Por Pablo Solana / Imagenes en cuerpo de la nota: Flor Vespignani  / ContrahegemoniaWeb.

Con la consigna “no es un preso común, cárcel efectiva ya”, el Frente Popular Darío Santillán rechazó la libertad condicional otorgada a uno de los policías que dispararon con plomo contra la manifestación del 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón. Un día después de ese comunicado, en la sugestiva fecha 17 de octubre, se difundió la extensísima entrevista que Tomás Rebord, un streamer con amplia llegada a sectores juveniles, le realizó al principal responsable político, el expresidente Eduardo Duhalde, quien aprovechó el recibimiento amable que le brindaron para hablar con desprecio de aquellos hechos y victimizarse una vez más.

Tal como denunciaron los familiares de Darío y Maxi en una conferencia de prensa, la decisión de otorgar la libertad condicional al cabo Acosta preanuncia un riesgo aún mayor: que igual decisión se tome respecto al jefe operativo de la Masacre de Avellaneda, el excomisario Alfredo Fanchiotti. Este sujeto, al igual que los criminales de la pasada dictadura, mantiene un disciplinado silencio sobre las órdenes que recibió aquel día y cuál fue la línea de mando paraoficial por encima suyo, información que facilitaría poner fin a la impunidad que gozan quienes decidieron y planificaron la represión criminal.

Por otro lado, naturalizar que Duhalde hable con la liviandad con la que habló ante Rebord, permitir que mienta ante una audiencia mayoritariamente joven y que siga encubriendo aquel plan criminal, implica otro riesgo que debe mantenernos en guardia: el ostracismo al que Duhalde se vio obligado tras su retiro anticipado de la presidencia provocado por las masivas protestas que lo señalaron como responsable de la Masacre de Avellaneda fue una conquista popular muy importante por la que hoy debemos velar. No actuó el sistema judicial, pero actuó la condena popular. “Si no hay justicia, hay escrache”, es una sabia sentencia heredada de HIJXS que se aplicó en este caso y de seguro volverá a ser de utilidad.

Los que apretaron el gatillo y se siguen negando a hablar

Las filmaciones y pericias balísticas comprobaron que Alejandro Acosta fue quien disparó a Darío por la espalda. En el juicio fue encontrado coautor del segundo homicidio, el de Maxi, y corresponsable de siete intentos de homicidio en grado de tentativa, por lo que, al igual que el comisario Fanchiotti, recibió la pena de prisión perpetua. Sin embargo, el Código Penal argentino no contempla la prisión de por vida. Quienes reciben una condena de prisión perpetua y acreditan buena conducta pueden solicitar salidas transitorias e incluso la libertad condicional al cumplir 20 años de condena (dos tercios de una pena de 30, lo máximo si no hay concurso de delitos u otros agravantes). Solo en casos de reiterancia y conductas reñidas con la reinserción el sistema penal niega esas posibilidades (sucede con crímenes de Lesa Humanidad como los cometidos durante la pasada dictadura, o en el caso del asesino serial Robledo Puch, el más emblemático de un puñado mínimo de situaciones).

Acosta fue detenido el jueves 27 de junio de 2002, un día después de los crímenes. Estuvo privado de su libertad hasta principios de este mes, octubre de 2024. Venía gozando de salidas transitorias durante los últimos años, pero eso no minimiza un hecho de importancia: cumplió su condena durante más de 22 años. No es habitual que un miembro de las fuerzas de seguridad pase más de dos décadas en la cárcel. El cumplimiento de la pena en este caso se explica por la observancia permanente de la lucha popular. Si bien hay motivos que permiten objetar su puesta en libertad, a priori el cumplimiento de la condena puede ser considerado un hecho “ajustado a derecho”.

En el caso de Fanchiotti, además de haber recibido la misma pena, recuerdo que en el momento de realizarse el juicio (2006) reivindicamos la condena como la más alta aplicada a un Comisario Mayor por su responsabilidad en un crimen cometido en democracia. Eso no sucedió de ese modo porque el sistema judicial haya decidido proveer justicia sin importar que este alto jefe policial estuviera apadrinado por el poder político: se logró porque hubo una lucha tenaz, primero por contrarrestar la campaña justificadora de los asesinatos y después por lograr que se enjuicie a los responsables. La dimensión que lograron las movilizaciones, los acampes, las movidas solidarias y culturales, las denuncias consecuentes e inclaudicables por parte de familiares y compañerxs de militancia de Darío y Maxi, rodeadxs por un amplísimo abanico social de solidaridad y compromiso, son un ejemplo que, en tiempos aciagos como los que corren, debemos saber reivindicar.

Aquel juicio se limitó a los autores materiales y dejó afuera a los responsables políticos. Por eso, los familiares y compañeros de militancia siguen, aún hoy, buscando que Duhalde y los demás respondan ante la justicia por la planificación de la Masacre de Avellaneda. Ese pendiente no aminora el valor de las penas ejemplificadoras logradas a los responsables materiales. El hecho de que no sean condenas de por vida no resulta, a priori, un aspecto cuestionable. Aunque sabemos que el sistema penal argentino está lejos de garantizar condiciones para la reinserción de quienes delinquen, es justo el espíritu de impedir que “se pudran en la cárcel” las personas que cometieron delitos (salvo, como dijimos, el riesgo de reincidencia en crímenes aberrantes o causas de Lesa Humanidad). Por eso, ante la libertad otorgada al cabo Acosta, es menester calibrar el reclamo, más allá de la sospecha, incluso más allá del dolor por la pérdida de nuestros compañeros y por todo el contexto de impunidad.

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, responsable de otorgar el beneficio de la libertad condicional a Acosta, debió ponderar una serie de requisitos de buena conducta, estudios, etc., de manera tal de considerar adecuada su reinserción a la sociedad. Para ello disponen de informes del Servicio Penitenciario, que en caso de expolicías suelen ser condescendientes, prácticamente cómplices, gestos entre camaradas. En este caso, los familiares de Darío y Maxi señalan que eso es insuficiente porque, ante la comisión de un crimen como la Masacre de Avellaneda, quienes apretaron el gatillo conocen la trama de decisiones detrás del hecho puntual. Más allá del cumplimiento de la pena, si no colaboran con la justicia para aclarar las responsabilidades políticas, aún hoy siguen siendo cómplices de la impunidad.

¿Quién les indicó a Acosta y a Fanchiotti que, a diferencia del centenar de otras movilizaciones piqueteras en las que habían intervenido, en esta movilización debían disparar con postas de plomo? ¿Con qué agente de la SIDE se reunió Fanchiotti en un bar cercano al Puente Pueyrredón una hora antes de iniciar la represión? ¿Por qué su accionar fue monitoreado desde la Sede Billingurst de la SIDE por medio de reiteradas llamadas durante la misma tarde de los asesinatos? ¿Qué habló el comisario antes de la represión con su amigo Oscar Rodríguez, exintendente duhaldista y vicejefe de la Secretaría de Inteligencia? ¿Quién le indicó que declarara ante la prensa en exacta sintonía con las palabras que, al mismo tiempo y en llamadas en off a las redacciones de los diarios, hacían los funcionarios del gobierno nacional? Todas esas evidencias constan en el expediente judicial.

Durante el juicio, el cabo Acosta balbuceó algunos señalamientos. Declaró que el comisario, su jefe, le había indicado que disparara con postas de plomo; describió la reunión previa de la que participó Fanchiotti junto a una persona sospechada de ser servicio de inteligencia; son indicios de que tras los asesinatos de Darío y Maxi había más que una simple decisión represiva. ¿Sabe más que eso? Las evaluaciones por las cuales el servicio penitenciario concluye que está en condiciones de reinsertarse en la vida en sociedad no indagaron en este aspecto fundamental.

Si en el caso de Acosta, un cabo que tenía el rol de secundar al comisario principal, cabe la posibilidad de que efectivamente no sepa mucho más de lo que dijo en el juicio, en el caso de Fanchiotti no es creíble que no conozca el entramado político que lo sustentó en su accionar criminal. De hecho, en comunicaciones que estableció con la abogada de la familia de las víctimas años atrás, el comisario amagó con brindar información, algo que finalmente no sucedió.

En 2022, un pedido similar al que ahora le concede la libertad al cabo Acosta le fue denegado a Fanchiotti porque, en su caso, “transcurridos veinte años, parecería que no ha logrado conmoverse subjetivamente ni interpelar su accionar” y “sigue pensando que estaba cumpliendo una función pública”, según sentencia el fallo de aquel entonces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora. Está claro que, en su caso, no hay reinserción social posible. Es un alto mando policial que, tras cometer crímenes contra la población, pasados los años se sigue manteniendo como garante de la impunidad.

Los que decidieron la Masacre y el peligro de que Duhalde “vuelva”

A diferencia de la causa por los asesinatos de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo, por los cuales el expresidente De la Rúa terminó acusado y el ministro Mathov condenado (actualmente está en prisión), los funcionarios del gobierno de Duhalde encontraron mayores complicidades en el sistema judicial –y también en la política: durante su primer gobierno Néstor Kirchner eligió negociar con Duhalde el reordenamiento del PJ en vez de colaborar con el reclamo de justicia–. Unos y otros dificultaron el avance de la causa por las responsabilidades políticas de los crímenes de Darío y Maxi.

El contrapeso que encontró la impunidad fue el repudio popular. Involuntariamente el propio Duhalde reconoció la fuerza de esas “condenas” sociales en las palabras cínicas que dijo en su reciente aparición pública días atrás. La entrevista en el programa Hay Algo Ahí conducido por Rebord en Blender dura más de 1 hora 45 minutos y fue muy vista: en una semana alcanzó nada menos que 126.000 reproducciones. En un momento, Duhalde menciona a Darío y Maxi (1:01:56) y el entrevistador le dice “hablemos de ese episodio, la Masacre de Avellaneda, qué fue para vos”. Duhalde califica a Fanchiotti como “asesino”, “enfermo” y “degenerado”, minimiza los crímenes y termina reconociendo que su mejor candidato a sucederlo era el fascista Carlos Ruckauf, pero “cuando matan a Kosteki y Santillán” (…) “quedó fuera de la lista porque había dicho que había que meter bala y eso me lo sacaba de candidato, pero era un gran dirigente”.

Hoy Ruckauf intenta asomar la cabeza en algún set televisivo marginal para apoyar cada demostración violenta del gobierno de Milei, pero a partir de 2002 fue uno de los tantos funcionarios de Duhalde (era su canciller) que debió abandonar la política por sus responsabilidades (directas o indirectas) en la generación del caldo de cultivo que dejó como saldo los crímenes de nuestros compañeros. Otros de los desplazados al basurero de la historia por su vinculación con la Masacre de Avellaneda son los exministros Jorge Matzkin, Alfredo Atanasof, Jorge Vanossi, el exjefe de la SIDE Carlos Soria y el exjefe de Seguridad Interior, Juan José Álvarez. Se reciclaron con total impunidad y ausencia de escrúpulos el inefable Aníbal Fernández y el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.

Duhalde, en cambio, se muestra más astuto en el intento por blanquear su imagen. En las últimas semanas dio entrevistas a algunos medios. Rebord, quien le brindó la mayor audiencia, lo trató con excesiva cortesía (“¿No creés que el peronismo fue injusto con tu desempeño?”, le preguntó, en una extraña alquimia del lenguaje que termina regalándole al verdugo la condición de víctima). Otros influencers jóvenes, flojos de historicidad, valoran al expresidente represor como parte de un supuesto peronismo “doctrinario”, “desarrollista”. Son tiempos difíciles, muchos parámetros éticos están corridos a la derecha, es cierto. Pero si de lucha contra la impunidad se trata, estas apariciones para nada “inocentes” no se pueden naturalizar. En otros tiempos, el expresidente padeció escraches recurrentes que lo forzaron a suspender presentaciones y mantenerse a la defensiva, sin poder recuperar su peso político ni su imagen pública.

El Frente Popular Darío Santillán y los familiares de Darío y Maxi mantienen bien en alto la bandera de la memoria y la lucha por justicia. Como suele decir Alberto Santillán, “por Darío, por Maxi, pero también por todas las luchas actuales”. Porque, como nos enseñó la entrañable compañera Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidxs Desaparecidxs: “Vayan a fondo, esto no tiene que quedar así porque la impunidad genera más impunidad”.